martes, 28 de junio de 2016

Capítulo 3: La industria





Capítulo 3: La industria



“La COMPI y otras asociaciones […] pedimos que se elimine la exigencia de auditoría externa.” 



En los capítulos anteriores hemos cuestionado tanto la legitimidad como la funcionalidad de la LIVG, y hemos comprobado que existen razones muy poderosas para pensar que hay un denodado e insistente esfuerzo por soterrar un hecho percibido como un serio problema por un amplísimo porcentaje de la población; las denuncias falsas de violencia de género. Pero, ¿por qué habrían de hacerlo? ¿Qué razones –si es que existen- puede llevar a ciertas instituciones a negar lo que decenas de jueces y abogados, analistas, asociaciones de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, organizaciones de afectados, así como millares de personas en sus realidades cotidianas denuncian insistentemente a través de los estrechos canales que les dejan? 

Para encontrar la respuesta hay que retroceder hasta el origen; el 28 de diciembre de 2004, cuando la LIVG echaba a andar. Hasta ahora hemos visto las medidas penales que se aprobaron aquel día de los Santos Inocentes, esto es, la agravación de la pena para los casos en los que el sujeto activo del delito –el victimario- es un varón y el sujeto pasivo del mismo es una mujer con la que tiene o ha tenido algún tipo de relación afectiva, así como la ampliación de la cobertura legal, convirtiendo automáticamente en delito faltas de lesiones, amenazas o coacciones, sólo para los casos ya mencionados. Asimetría penal que tiene unos curiosos precedentes en el agravante que el franquismo creó en 1944 –conocido como desprecio de sexo-, y que perduró en nuestro código hasta que fue eliminado en 1983, paradójicamente por iniciativa del PSOE, siendo ministro de Justicia Fernando Ledesma Bartret. Aseguraban entonces que aquel agravante franquista perpetuaba la idea machista de la debilidad femenina, y un Congreso de amplia mayoría socialista lo tumbó para que otro socialista, veinte años después, volviera a resucitarla. Pero la LIVG iba más allá de la asimetría penal, ya que venía acompañada de medidas de sensibilización, asistencia social, jurídica, psicológica y económica, tutela institucional, creación del teléfono de ayuda a la mujer maltratada -016-, formación de los polémicos Juzgados de Violencia de Género, de la Fiscalía de Violencia sobre la Mujer y, algunos años después, la creación del Ministerio de Igualdad. Todo un vasto aparato burocrático compuesto por millares de asistentes sociales, psicólogos, abogados, operadores de línea, jueces y fiscales, delegados, etc. encargados de poner en funcionamiento la LIVG y mantenerla. Un ejército de funcionarios que se vería indudablemente perjudicado con la derogación de la LIVG. 

Pero además, para el correcto funcionamiento de la ley –o eso se arguye- se hace preciso dotar a las instituciones de una gran cantidad de dinero en forma de subvenciones públicas. Como muestra, sólo el Gobierno de Canarias dotó a la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad de 19 millones de euros exclusivamente para costes de servicio entre los años 2013 y 2016. Muchas asociaciones sin ánimo de lucro también se benefician de astronómicas subvenciones anuales, algunas de las cuales exigen condiciones cuanto menos inquietantes. La COMPI –Coordinadora de Organizaciones de Mujeres Para la Participación y la Igualdad- pedía valorar la dotación de presupuestos superiores al millón de euros y, lo más significativo, la supresión de la exigencia de auditoría externa. ¿Por qué habrían de hacer hincapié en que no se hurgue en el uso que hacen del dinero público con que se les dota? La misma coordinadora de asociaciones feministas se quejaba del incremento de dotación a la investigación contra el cáncer, aduciendo que ya tenía suficientes recursos con el 0,7% del IRPF y que ellas necesitan más el dinero. 

Durante toda la administración de Zapatero, las subvenciones millonarias seguían fluyeron como ríos, incluso cuando la crisis económica era ya una dolorosa realidad. El 18 de noviembre de 2011 –como recogió el BOE publicado el 7 de febrero de 2012-, a sólo dos días de las elecciones que dieron la mayoría absoluta al partido popular, el Instituto de la Mujer otorgó 2,2 millones de euros, beneficiando a los grandes sindicatos y, por supuesto, a asociaciones feministas. De estas últimas, la mayor beneficiaria fue la Federación de Mujeres Progresistas, que recibió la cuantiosa cantidad de 120.125 euros para desarrollar medidas tan ambiguas y poco específicas como el “fomento del movimiento asociativo de mujeres” o su “integración online”. Su presidenta era entonces Yolanda Besteiro, concejal socialista en Alcalá de Henares. Otra asociación presidida por una socialista, Fundación Mujeres, de Elena Valenciano, también se encontró entre las más favorecidas. 

No sólo el PSOE concede cifras astronómicas en conceptos difusos, ambiguos y muy generales como la “igualdad de oportunidades”. El partido popular también se sumó al flujo de subvenciones. Precisamente con el pretexto antes señalado, se aprobó el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016 al que se dotó de la mareante cifra de 3.127 millones de euros. Dotación que complementaba los 1.500 millones de la Estrategia de Erradicación de la Violencia de Género, aprobada tan sólo un año atrás. 

Todo este vastísimo y costosísimo aparato burocrático y las astronómicas subvenciones para su seguimiento y apoyo, no ha frenado –ni disminuido- el número constante de mujeres que es asesinada, como hemos visto en el primer capítulo, y como podemos concluir si observamos los datos del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género. ¿Cómo es posible cuando se realiza tan extraordinaria inversión en medios y financiación? El sentido común podría llevarnos a dos conclusiones; o bien las medidas deben ser calificadas abiertamente como ineficaces –lo que no se entendería que siguieran aplicándose- o bien, como denuncia el exjuez Francisco Serrano, existe una industria abyecta basada en la malversación de recursos públicos.


-Texto de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
-Artículo El desprecio y el sexo, de El Mundo, del 11 de diciembre de 2015.-BOE del 7 de diciembre, de 2012.
-Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016.
-Estrategia de Erradicación de la Violencia de Género.-Estrategia para la Igualdad de Hombres y Mujeres, Gobierno de Canarias, Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad.-Artículo publicado en la web de COMPI, del 30 de enero de 2014.












sábado, 25 de junio de 2016

El superhéroe marxista-leninista




Portada del nuevo comic de Bernardo Jackson


Ya conocimos a Purple Witch, la superheroína subvencionada, el primer cómic realizado desde la perspectiva del feminismo de género. Pero el mundo de los superhéroes está de dulce con la aparición de un nuevo defensor de la justicia... social. Se trata de ¡el Proletario! El superhéroe marxista-leninista que lucha contra el principal villano de todos... ¡la propiedad privada! En el primer capítulo, presentado ayer en una convención de cómics en Caracas, le vemos enfrentarse al Malvado Pensionista.










martes, 21 de junio de 2016

Capítulo 2: Las denuncias falsas

(Versión revisada y mejorada de un artículo ya publicado) 







Capítulo segundo: Las denuncias falsas 




 “Las denuncias falsas son un coste asumible.” 

 “La denuncia por malos tratos contra mí es falsa […] tiene que ver con un divorcio que yo quería ver de un modo pacífico.” Juan López Aguilar. 




El diputado por UPyD Toni Cantó aseguró en una serie de polémicos tweets –en la famosa red social Twitter- que la mayoría de denuncias por violencia de género que se interponían eran falsas. Aquellas declaraciones causaron un tsunami de críticas, reproches, presiones para que se retractara, demagógicas acusaciones de falta de empatía hacia las víctimas de violencia de género… Poco después, el diputado se desdecía y pedía perdón públicamente por no haber contrastado los datos que le habían aportado. Ciertamente, fue desacertado decir que la mayoría de las denuncias que se interponen por violencia de género son falsas pero, aquellos tweets pusieron sobre el tapete una incómoda realidad soterrada por los medios de comunicación, pero que hacían arquear la ceja a miles de personas en sus realidades cotidianas; la existencia de estafadoras –e, incluso, instituciones- que se estaban aprovechando de una ley mal redactada y peor aplicada. ¿Qué porción de verdad había en lo que Toni Cantó había dicho, y por lo que fue fuertemente censurado? 

Las cifras que ofrecen las instituciones pro-LIVG oscilan sobre el 0,01%, resultado de comparar las condenas por denuncias de violencia de género falsas con el total de denuncias interpuestas. Con estos datos, podríamos decir que las denuncias falsas por violencia de género son prácticamente inexistentes. Sin embargo, desde que se aprobó la LIVG se cuestionó la capacidad de dicha ley para detectar y discriminar las denuncias falsas de las legítimas, habida cuenta de que se invertía la carga de la prueba y desaparecía la presunción de inocencia de los acusados por violencia de género. Su propio hacedor, Juan López Aguilar, concluía el asunto con unas desvergonzadas declaraciones en 2006; “las denuncias falsas son un coste asumible”. En 2015, y en un giro dramático propio de un telefilme, el propio Aguilar, entonces eurodiputado del grupo socialista, era denunciado por presuntos hechos de violencia de género, que el señalado no dudó en catalogar de denuncia falsa. El “coste asumible” se convirtió en “lo más injusto y desgarrador que me ha tocado atravesar”, como aseguró en una entrevista realizada en Vanity Fair. 

En primer lugar, hay que destacar que esa exigua cifra que oscila alrededor del 0,01% no es una cifra oficial, pese a que algunas personas e instituciones la adjetiven así. En un artículo publicado por La Razón en 2010, y que llevaba por título España en el punto de mira de Europa por las falsas denuncias de malos tratos, el Ministerio de Igualdad –al que el diario se dirigió con motivo de la redacción del mencionado artículo- no quiso hacer declaraciones al respecto y se limitó, en su habitual proceder, a remitirse a los datos del CGPJ (Consejo General del Poder Judicial). El artículo continúa relatando los contactos entre el periódico y el citado órgano de gobierno, que admitía que esta estadística “no estaba tipificada”. A renglón siguiente expresaba, “existen datos de las denuncias realizadas, de las que han sido condenatorias y de las que han sido absolutorias, pero no hay una cifra concreta sobre denuncias falsas”

Ya que no hay estadísticas oficiales al respecto, ¿qué hay de las denuncias falsas por otros delitos? Cuando hablamos de simulación de delitos en otros ámbitos, nos encontramos con datos que nos hacen cuestionar los porcentajes tan nimios e inverosímiles que nos ofrecen los defensores de la LIVG. Por ejemplo, los datos de las aseguradoras mencionan que hasta un 30% de las denuncias por robo en viviendas son falsas. Por otra parte, un artículo de ABC nos decía que 3.081 personas fueron detenidas por denunciar hechos inexistentes o alterados para estafar a la compañía de seguros de su teléfono móvil en 2012. Sólo durante el primer trimestre del año 2013, la Policía Nacional detuvo o imputó a 869 personas por el mismo delito. En todo el 2014, la FGE (Fiscalía General del Estado) tenía 38 casos abiertos por denuncias falsas de violencia de género. Es decir, nos encontramos con un 30% de denuncias falsas por robo de viviendas frente a un insignificante 0,01% de denuncias falsas por violencia de género, y más de tres mil estafadores de compañías de telefonía móvil frente a treinta y ocho presuntas estafadoras de la LIVG en el mismo espacio de tiempo. La enormísima y absurda diferencia entre las simulaciones en el resto de delitos y la falsa denuncia por violencia de género ya es suficiente para que salte la alarma del más elemental sentido común. ¿Acaso quieren hacernos creer que la violencia de género es el único delito de todo el Código Penal que se libra de la lacra de las denuncias falsas? Algunos podrían argumentar que, la más que significativa diferencia entre el número de falsas denuncias por violencia de género y en el resto de delitos, se debe a que, en el caso de los que simulan un robo de móvil o en su vivienda, buscan obtener un beneficio concreto; estafar a las aseguradoras. La siguiente pregunta lógica sería; ¿existen beneficios que puedan tentar a las estafadoras de la LIVG para interponer denuncias falsas contra sus parejas o exparejas? 

En primer lugar, la denuncia por violencia de género casi asegura la custodia de los menores en disputa, con todo lo que ello conlleva. La legislación actual establece que la custodia compartida no pueda ser concedida al existir un proceso penal en curso, durante el cual, la madre obtiene la custodia monoparental de los hijos de manera provisional. Aunque la sentencia sea absolutoria, la madre ya casi ha conseguido su propósito de asegurarse la custodia de los menores, teniendo en cuenta que, según datos del CGPJ, hasta el 87% de las sentencias referentes a la custodia de los mismos coinciden con las medidas provisionales. A su vez, la mera denuncia conduce a la salida del varón del domicilio conyugal así como la incomunicación inmediata con la denunciante, que suele favorecer la decisión del juez para no modificar el régimen de visitas establecido para el proceso judicial. Por tanto, para el exdiputado del partido Andalucista y escritor Diego de los Santos no es extraño que, en palabras suyas, uno de cada tres divorcios se “gestione” con una denuncia por malos tratos. 

Además, el uso de la vivienda se asigna al custodio del menor, lo que, objetivamente, constituye una razón poderosa para que algunas mujeres puedan sentirse tentadas de usar la LIVG. Los diferentes gobiernos autonómicos también ofrecen alicientes individuales que pueden ser tentaciones para el fraude. Así pues, la Junta de Andalucía concede matrículas universitarias gratis y prestaciones para mujeres maltratadas, o el PCI en Canarias. Por no mencionar que la sensación de impunidad, al saberse que sólo muy pocos casos son perseguidos y castigados, puede dotar a la defraudadora del valor necesario para interponer una denuncia falsa. Por no mencionar la más obvia de todas, la posibilidad de que algunas mujeres abyectas –que las hay, y de las que hablaremos en profundidad en el capítulo sobre violencia femenina- decidan usar la LIVG para causar algún perjuicio a su pareja o expareja. 









Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por su contacto directo y cercano con las denunciantes de hechos recogidos en la LIVG, tienen mucho que decir al respecto. ASIGC –Asociación Independiente de la Guardia Civil-, una de las más importantes del gremio, recogió más de dos mil denuncias de agentes que afirmaban que muchas denunciantes buscaban un beneficio de la Administración, asegurarse la custodia del hijo o la asignación de bienes. Explican que sus visitas, rondas de vigilancia e, incluso, las llamadas telefónicas que realizan para comprobar el estado de la protegida, les causa desinterés o abierta molestia. Continúan explicando que muchas cambian de domicilio sin siquiera avisar de ello a las autoridades, mostrando un escaso interés en la protección que se les aplica y que, presuntamente, necesitan. 

A nivel asociativo también existen poderosas razones económicas que deben influir necesariamente en el fraude de la LIVG. En una intervención televisiva, el abogado y analista Javier Nart acusaba a los lobbys de convertirse en una perversión de lo que significa la sensibilidad social, y añadía, “tuve, hace años, la defensa de una persona que era culpable, y hubo cuatro acusaciones; dos absolutamente legítimas, la del Fiscal y la de la familia, y dos instituciones de defensa de la mujer. El esperpento era descomunal. Al final, lo que nosotros nos preguntamos es, ¿qué sentido tiene que, habiendo defensa suficiente para defender los derechos de la víctima, tengamos la presencia institucional de asociaciones subvencionadas que se justifican a sí mismas a través de la presencia en procedimientos?”

La razón por la que asociaciones subvencionadas presentan su acusación, pese a que es jurídicamente innecesario, puede tener mucho que ver con la resolución 15,043 del Ministerio de Trabajo del 8, de agosto de 2005, publicada en el BOE (Boletín Oficial del Estado) del 8 de septiembre. Concretamente, en la página 30.543, leemos que el número de subvenciones se conceden en función del número de mujeres que se declaran maltratadas y del número de denuncias que se presentan. Es decir, no es necesario que acaben en condenas. Sólo importa el número de denuncias presentadas y, a más denuncias, mayor subvención. 

No es extraño, por tanto, que el Juzgado de Instrucción número 13 imputara a María Luisa A. B., médico de familia de Madrid, las abogadas del despacho Exaequo María Cruz Sánchez y Yolanda Corchado, vinculadas a la Federación de Mujeres Progresistas –una de las asociaciones feministas que reciben mayores subvenciones del Instituto de la Mujer-, la psicóloga Beatriz M. G., del programa de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género de la FMP, así como la directora de esa área en el momento de la peritación, Covadonga Naredo, al existir un presunto “uso espurio de los procedimientos penales, así como dolo y mala fe”. Toda una presunta trama perfectamente organizada y dedicada a las denuncias falsas. 

Son muchas las mujeres que han reconocido haber sido aconsejadas por sus abogados, o por diferentes asociaciones, para interponer una denuncia por violencia de género y aprovecharse de sus beneficios. De hecho, en un programa de TVE Canarias, una mujer en riesgo de exclusión social afirmó que Asuntos Sociales le había instado a que denunciara a su pareja por violencia de género para obtener el PCI (Prestación Canaria de Inserción). 

Existiendo razones tan poderosas para el fraude, ¿cómo es posible que la simulación sea prácticamente inexistente en violencia de género y ronde el 30% en otros ámbitos? De nuevo, los defensores de la ley podrían argumentar que la simulación de malos tratos supone un delito más grave que fingir cualquier otro hecho delictivo, y la perspectiva de una condena severa puede disuadir a la potencial defraudadora. Pero como hemos visto antes, las sentencias condenatorias por denuncia falsa de violencia de género son prácticamente inexistentes, por lo que no hay verdadera sensación de riesgo. 

Una falsa denunciante tiene mucho que ganar, y muy poco que perder. Cómo consiguen mantener anestesiada la sociedad y por qué lo hacen –es decir, por qué ocultan o escamotean la realidad de las denuncias falsas- sería la siguiente secuencia lógica de preguntas. Ciertamente, no han logrado convencer a los ciudadanos de la inexistencia de denuncias falsas, aunque sí han conseguido censurar todo debate al respecto en los grandes medios de comunicación. 

De acuerdo a un estudio del Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno Vasco –que lleva por nombre “Violencia contra las mujeres en Euskadi: percepción y opiniones de la población”- basado en entrevistas a dos mil personas, el 40% de la población son conscientes de que existen “muchas” denuncias falsas por violencia de género aunque, obviamente, no puedan precisar cuántas. Porcentaje que se ha visto incrementado en un 15% con respecto a 2012. Cuatro de cada diez considera que es un problema real, y no casos altamente improbables como insisten en hacernos creer los defensores de la LIVG. 

Es decir, por mucho que sigan el principio de Joseph Goebbels, Ministro de Propaganda nazi, de que una mentira repetida mil veces se convierte en verdad, y utilicen todo el aparato mediático para convencernos de la infrecuencia de la existencia de denuncias falsas, un porcentaje amplísimo de la población –y cada vez más numeroso- siguen creyendo que la actual situación ofrece cobertura a este tipo de fraude, y que no es un hecho infrecuente. Porque ante las cifras que se nos ofrecen desde las instituciones está la obviedad del ciudadano que conoce algún caso –o más de uno- que pone de manifiesto que es un problema real. Este intento de anular nuestro sentido común y convencernos contra lo obvio nos recuerda al momento en la novela 1984, de Orwell, en el que un miembro del Partido trata de convencer al protagonista de que dos y dos pueden ser cinco, si el Partido así lo decía.



-Artículo de ABC del 26, de febrero de 2014. 
-Artículo de La Razón del 31, de agosto de 2010.  
-Artículo de El País del 31, de diciembre de 2009. 
-Artículo José Luis Sariego en Lexfamily, del 17, de marzo de 2016. 
-Comunicado de ASIGC, en La Verdad de Murcia del 6, de noviembre de 2007. 
-Artículo de Editorial Jurídica Sepin del 20, de julio de 2015. 
-Artículo de El Mundo Andalucía del 15, de febrero de 2010. 
-Programa Cerca de ti, de TVE Canarias, del 23, de marzo de 2016. 
-Estudio “Violencia contra las mujeres en Euskadi: percepción y opiniones de la población”, Gobierno Vasco, 2015.-BOE 215, 8 de septiembre, 2005. Página 30.543.
















jueves, 16 de junio de 2016

La telenovela venezolana






Esperanza, una licenciada en biología molecular (un tanto forzado) envía una carta a sus padres, diciéndoles no sé el qué de Espinete y que desea volver. Por supuesto, para materializarse ese anhelo la clave pasa por votar a Unidos Podemos. Esperanza es una alegoría populista que pretende representar a todos los jóvenes españoles que se vieron obligados a emigrar al extranjero. Resulta curioso (acaso cínico) que un partido político de ideología comunista utilice como propaganda electoral un drama como es el de la emigración forzosa, habida cuenta de que todos los países que han tenido el infortunio de ver propagarse y desarrollarse las ideas defendidas por la camorra de la Complutense son, precisamente, los más azotados por la despoblación y el destierro de sus ciudadanos.

Podríamos poner como ejemplo Cuba, que cuenta con tres millones de exiliados. Una diáspora de dimensiones bíblicas, sobre todo teniendo en cuenta que esos tres millones de apátridas representan el 27% de la población de la isla, uno de los últimos oasis comunistas de nuestro mundo. O Venezuela, país donde algunos de los gerifaltes de Unidos Podemos han realizado labores de asesoramiento -con salario de galáctico, por cierto- y cuyas consecuencias han provocado la fuga de 1.500.000 venezolanos, según un informe del sociólogo venezolano Tomás Páez. Sin contar con que –de acuerdo a una encuestadora con base en Caracas, Datanálisis- el 10% de la población dicen estar en trámites de abandonar el país. 

Así que, de entrada, parece extraño que la ideología de Iglesias y Garzón, en cuyo nombre se han erigido muros –no con el objetivo de evitar que los obreros explotados por el capitalismo crucen en tropel sus fronteras, precisamente, sino para evitar que sus gentes huyan despavoridas- estén legitimados para traer de vuelta a Valeria, Esperanza o cómo se llame la bióloga molecular que veía Espinete. 

En la carta se despide de su abuela, quien, al parecer, murió durante su exilio en tierras británicas y no pudo despedirse de ella. Tantos viajes a Venezuela, y tanta presencia de sus dirigentes en Venevisión, parecen haberles dotado de un singular sentido para el melodrama, porque el lacrimógeno giro final es digno de una telenovela venezolana. 

La utilización del machismo con fines propagandísticos también es habitual en el maquiavélico modus operandi de la banda de la Complu. Así pues, Garzón –no el que quiere solucionar la crisis con una imprenta, sino el otro- denunciaba el machismo de las familias españolas que permitían a sus hijos estudiar en la universidad y a sus hijas no –precisamente en el país en el que hay 115 féminas estudiantes por cada 100 varones-. O Iglesias, que aprovechaba –en un repugnante oportunismo- el asesinato de una mujer por violencia doméstica para cargar contra los recortes en Igualdad, cuando el número de víctimas no se ha visto condicionada por dichos recortes –a las estadísticas me remito-. 

Si no tienen éxito el 26J –Elohim, Zeus, Baal y todos los dioses que existen o han existido alguna vez me oigan- pueden dedicarse a guionizar los próximos éxitos de Cadena Caracol.



lunes, 13 de junio de 2016

Capítulo 1: La ley de Violencia de Género


(A continuación, una serie de capítulos sobre el feminismo actual, causas y consecuencias, que iré publicando en lo sucesivo en este blog) 


Retrato de Benjamin Franklin




 Capítulo primero: La Ley de Violencia de Género.





“Aquellos que renuncian a una libertad esencial para comprar un poco de seguridad momentánea no merecen ni libertad ni seguridad.”   
Benjamin Franklin. 



El veintiocho de diciembre de 2004, y en medio de mucha polémica –convenientemente silenciada o amortiguada por los medios de comunicación- fue aprobada en el congreso la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, más conocida como LIVG o VioGen. Su perpetrador fue el –entonces- ministro de Justicia Juan López Aguilar, durante la administración del presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Dicha ley fue presentada por López Aguilar y Zapatero como un triunfo de los derechos sociales, una victoria sobre el machismo que impregna la sociedad, un éxito en la larga guerra contra el patriarcado. El gobierno se convertía así en un faro de esperanza, se erguía como el protector de la mujer contra una sociedad estructuralmente machista. Con esta ley venían a decirnos que el Estado, el gobierno, los políticos, nos protegían de nosotros mismos y, al mismo tiempo, cargaban contra nosotros la responsabilidad del problema, la culpa del machismo y los asesinatos que causan. 

No era la primera vez –y tampoco sería la última- que el Estado vertía sobre el pueblo la responsabilidad de un problema, que nos señalaban y acusaban abiertamente de ser los culpables de un mal. De hecho, esa es una estrategia común y de la que nos advertía Sylvain Timsit en un texto difundido en un medio francés y viralizado después en internet, atribuyéndosele erróneamente su autoría a Noam Chomsky. 

Concretamente en el punto nueve de su decálogo sobre estrategias de manipulación mediática, Timsit describe como el Estado refuerza nuestro sentimiento de autoculpa, como trata de convencernos de que nosotros somos los únicos culpables de nuestras desdichas. Con ello, el Estado se desprende de sus responsabilidades en los problemas y, al mismo tiempo, se presenta como la solución a los mismos. 

Pudimos apreciarlo en la crisis económica del ladrillo. El presidente popular Mariano Rajoy, en unas declaraciones emitidas en 2012, culpaba a los propios ciudadanos de la crisis que golpeó –y aún golpea en la fecha en que se escribió estas líneas- con tanta dureza a las clases media y humilde de este país. Rajoy afirmaba, con mucho convencimiento y bastante desvergüenza, que la causa de la crisis fue el consumo de los ciudadanos por encima de sus posibilidades. “Hemos comprado créditos a segundas viviendas, televisiones de plasma, viajes al Caribe… Y eso no es razonable. La culpa de la crisis es que hemos gastado más de lo que teníamos.” La diputada Pilar Sol también aludió a los “televisores de plasma” como causa de la recesión económica. 

La LIVG sigue a pies juntillas ese mismo punto del decálogo de Sylvain Timsit. El Estado culpa a la sociedad en su conjunto del maltrato y los asesinatos de mujeres aludiendo a los “condicionantes socioculturales” y la misma relación entre hombres y mujeres, “históricamente desiguales”. Así pues, se presenta como protector de la mujer en una sociedad machista, en lo que resulta, paradójicamente, un rancio paternalismo. La mujer debe entender que sólo el Estado, y sus organismos y tentáculos, pueden garantizar su seguridad. La mujer debe ver al Estado como un padre bienhechor, y entregar su independencia a él a cambio de protección. 

Así mismo, se hace necesario reforzar la idea de que la mujer vive en un entorno hostil. Debe sentirse desprotegida, insegura, desamparada, para legitimar al Estado a seguir ejerciendo su tutela sobre ella. En esto entra en juego el feminismo de Estado, feminismo estatal o neofeminismo –del que hablaré más adelante- y su campaña del miedo, y cómo beneficia ese miedo en la aceptación del papel paternalista, sobreprotector y autoritario del Estado por parte de la mujer. 

Como se puede desprender de estas reflexiones, la LIVG nace del machismo más rancio, pese a que privilegia a la mujer en el código penal y viola derechos fundamentales del hombre. Es esto último, precisamente, lo que puso en cuestión la constitucionalidad de la nueva ley. La vulneración del derecho a la presunción de inocencia de la población masculina y la asimetría penal en función del sexo del agresor. 

Numerosos juristas, entre los que se encontraba la titular del Juzgado número 2 de Albacete, presentó un recurso ante el Tribunal Supremo para declarar inconstitucional la LIVG, pues la consideraban incompatible con el artículo 148.4 del Código Penal, que hace referencia a la agravación de los delitos de lesiones por discriminación. El Tribunal Supremo desestimó el recurso aduciendo que, dado la histórica desigualdad entre hombres y mujeres, toda agresión de un hombre a su mujer estaba fundada en ese machismo atávico. Es decir, por el mero hecho de que la víctima sea mujer y el victimario hombre, la agresión es, forzosamente, discriminación machista. La asimetría penal quedaba así pobremente justificada en la idea de que el hombre es por naturaleza opresor, y la mujer es su víctima. Además, la sentencia del Supremo obviaba el artículo 14 de la Constitución, que reza;


Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 


Diversas asociaciones de juristas y afectados por la LIVG elevaría el recurso al Tribunal de Estrasburgo. Por su parte, socialistas y asociaciones feministas aprovecharon la sentencia del Supremo para negar la evidencia de que la LIVG vulneraba el derecho a la presunción de inocencia, reconocido en el artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, la propia coordinadora de la LIVG, la socialista Soledad Murillo de la Vega, reconoció en un medio que dicha ley, efectivamente, suspende la presunción de inocencia. “Cuando hicimos la ley (LIVG) se nos planteaba el dilema de elegir entre la presunción de inocencia y el derecho a la vida, y optamos por salvar vidas”, reconocía la coordinadora, en unas declaraciones tan claras que no se prestan a interpretación. 

Aunque Jaime Tapia, magistrado de la Audiencia Provincial de Vitoria, no fue tan explícito como Soledad Murillo, también reconoció que en “algunos” casos se podía poner en peligro la presunción de inocencia, y que por haberse intentado equilibrar la situación, se “podía” haber ido demasiado lejos legislativamente. Su colega del Juzgado de 1º Instancia número 44 de Barcelona, Gemma Vives Martínez, denunciaba en un suplemento jurídico de elEconomista.es un uso torpe y abusivo de la legislación -en referencia a la LIVG- y defendía al exjuez Francisco Serrano –pionero en la denuncia de la ley-. 

Con la LIVG se invertía la carga de la prueba. Mientras que para cualquier delito penal es la acusación quien debe demostrar la culpabilidad del acusado, en delitos de violencia de género la acusación sigue el principio de veracidad y es el acusado quien debe demostrar que los hechos delictivos que se le imputan no son ciertos. Diego Gómez-Reino, presidente de la Audiencia Provincial de Baleares, afirmaba en el Diario de Mallorca que se puede condenar con el testimonio de la víctima como única prueba de cargo. Desde ese punto de vista, hablamos de una ley liberticida que antepone –tal es el pretexto- la seguridad de la mujer que denuncia hechos recogidos en la LIVG a la libertad –derechos básicos e inalienables- de más de veinte millones de personas. 

La seguridad jamás debería ser un pretexto para limitar la libertad o vulnerar los derechos de la población –y menos discriminar a una parte de ella-. Como decía Benjamin Franklin, “aquellos que renuncian a una libertad esencial para comprar un poco de seguridad momentánea no merecen ni libertad ni seguridad”. Desde luego, las leyes liberticidas –tal es el caso de la LIVG- tienen numerosos precedentes en cualquier régimen totalitario, y comparte con ellos que se crearon con el pretexto de proteger –libertad a cambio de protección-. Sin duda, la tendencia actual de los Estados con tintes totalitarios es barnizar la pérdida de libertad de los gobernados, o comprometer la independencia de los distintos poderes de cuya separación depende todo Estado de derecho, a base de decretos, lo que crea la ilusión de democracia. Así se hacen terriblemente actuales las palabras del político e historiador clásico Tácito en el siglo I; cuánto más corrupto es el Estado, más leyes tiene. 

Lo pudimos ver con la ley del 85, promovida por el socialista Felipe González al comienzo de su largo gobierno, y que secuestró el poder judicial, con sus nefastas consecuencias, hasta la actualidad. Un ejemplo reciente fue la conocida como Ley Mordaza, que ejemplifica esa utilización de la protección ciudadana como pretexto para suprimir o limitar la libertad. No en vano, el nombre oficial de la Ley Mordaza es Ley de Protección Ciudadana, de la misma manera que la LIVG es Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral […] Es decir, la palabra “protección” siempre está presente para pretextar el aumento del poder y el control que el Estado ejerce sobre los ciudadanos. Todas son, además, acompañadas por una machacona propaganda -la campaña del miedo es necesaria para conseguir que el ciudadano entregue voluntariamente su libertad, o cuotas de ella, a cambio de seguridad por parte del Estado-. 

La LIVG comparte con la Ley Mordaza, recientemente aprobada, otra característica esencial; además de ser una ley liberticida, ninguna de ellas vino precedida de movilizaciones sociales, ni peticiones populares, ni grandes marchas o manifestaciones. Son leyes nacidas del Estado, no sometidas a plebiscito alguno y, o bien con una fuerte oposición popular –el 82 por ciento de los españoles se manifestaron en desacuerdo con la Ley Mordaza-, o bien aprovechando el desconocimiento de los fundamentos de la ley –en el caso de la LIVG, la gran mayoría de los ciudadanos ignoraban (y aún hoy ignoran) sus claves-. 

Por otra parte, aunque la libertad en democracia es –insisto- inviolable e intercambiable por una pretendida seguridad, ¿ciertamente la LIVG salva vidas, como asegura Soledad Murillo de la Vega y aquellos que la defienden? ¿Se ha reducido el número de mujeres que cada año son asesinadas por sus parejas o exparejas, desde la aprobación de la ley? ¿Se cimenta en fundamentos legítimos? 

Con sólo acudir a las estadísticas oficiales del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género podemos impugnar las declaraciones de Soledad Murillo de la Vega y quienes defienden la ley. La cifra más negra de víctimas se situó en 2009 (73), cuando la LIVG hacía cinco años que estaba en vigor. Un año después morirían 61 mujeres a manos de sus compañeros o excompañeros. En 2007 asistimos a la terrible cifra de 71 víctimas. Pero, ¿cuántas mujeres eran asesinadas antes de la aprobación de la LIVG? Según el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, entre los años 1997 y 2003 –el año anterior a la aprobación de la ley- fueron asesinadas una media de 45,4 mujeres al año. Desde 2004 hasta 2015, la media de víctimas ascendió a 60,7. Podemos decir –y siendo extremadamente cautelosos- que la LIVG se ha demostrado, cuanto menos, ineficaz. 

Pero además, la ley se basa en una mentira fácilmente contrastable. En los anexos de la LIVG, leemos la siguiente aseveración; en la realidad española, las agresiones sobre las mujeres tienen una especial incidencia […] Dicha mentira, que justifica esta ley liberticida –podríamos nominarla, sin caer en exageraciones, ley de excepción-, es manifiesta. Según el III Informe Internacional sobre la Violencia contra la Mujer en las Relaciones de Pareja, realizado por el Centro Reina Sofía para el Estudio Contra la Violencia, en España se registra una media de 2,8 homicidios por cada millón de mujeres mayores de catorce años. España se sitúa, de este modo, por detrás de países como Austria (9,4), EEUU (8,4), Francia (5,2), Reino Unido (4,2) o Italia (3,7). Incluso los países escandinavos, considerados el paradigma de la igualdad social, registran números más altos; Finlandia (9,3) o Noruega (3,7). De los 35 países estudiados por el III Informe Internacional sobre la Violencia contra la Mujer en las Relaciones de Pareja, España se sitúa en un meritorio vigésimo cuarto puesto. La media europea oscilaría en torno a seis mujeres asesinadas por cada millón –más del doble que en nuestro territorio-. Una encuesta realizada en 2014 por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE viene a confirmar el estudio del Centro Reina Sofía, pues revela que España se encuentra entre los países en los que la mujer ha sufrido menos violencia física o sexual a manos de su pareja o expareja de Europa (13%). Luego, la LIVG se sustenta en una mentira oficializada en nuestro código, ya que no existe una especial incidencia de este tipo de delitos en nuestro país. 

En resumen, tenemos una ley liberticida, que ha sesgado derechos recogidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos de la mitad de la población española, que está fundamentada en una mentira contrastable, y que además no salva vidas –de hecho, se advierte un aumento de quince asesinatos por violencia doméstica de media desde que se aprobó la ley-. ¿Por qué, entonces, mantienen la LIVG? ¿Por qué buscan ampliarla? ¿Por qué siguen desviando recursos económicos?



-Texto de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. 
-Les 10 stratégies de manipulation des masses avec Sylvain Timsit. 
-Noticia 20 Minutos del 17, agosto de 2010. 
-Artículo 14 de la Constitución Española. 
-Entrevista a Soledad Murillo de la Vega para La Nueva España el 22, noviembre de 2013. 
-Artículo de La Razón del 31, de agosto de 2010.-Artículo de elEconomista.es del 4, de enero de 2010. 
-Artículo de DiariodeMallorca del 26, de noviembre de 2013.-Artículo de El País del 10, diciembre de 2014. 
-Datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. 
-III Informe Internacional de Violencia contra las Mujeres en las Relaciones de Pareja, Instituto Universitario para el Estudio de la Violencia del Centro Reina Sofía. 
-Encuesta de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE, 2014.





jueves, 9 de junio de 2016

Presunción de culpabilidad



Algunos de los tuits contra Johnny Depp


Una reciente noticia convulsionaba las redes sociales, en especial, la siempre sensible y susceptible comunidad twittera. Amber Heard, pareja del celebérrimo actor Johnny Depp, interponía contra él una denuncia por malos tratos. Con una carrera plagada de éxitos como Platoon, ¿Quién ama a Gilbert Grape? o Donnie Brasco, también se convirtió en un icono para los más jóvenes y en todo un ídolo de masas adolescente gracias a interpretar a cierto excéntrico pirata. Pero cuando estalló la bomba, la presunción de inocencia se debió volatilizar en la deflagración mediática, porque la red social del pajarito azul se convirtió en un hervidero de quinceañeros vestidos con toga y mazo dictando sentencias condenatorias. 

Poco después, su hija Lily-Rose, obra de su matrimonio anterior con Vanessa Paradise –con quien Depp había mantenido una relación de catorce años- acudía a otra red social para negar que su padre fuese un maltratador. Resulta, cuanto menos significativo, que una testigo directo de la relación entre Johnny Depp y sus compañeras sentimentales, negase la posibilidad de que el actor tuviese una personalidad violenta. También la propia Vanessa Paradise sacó las uñas por su expareja, afirmando que Depp nunca había tenido hacia ella una actitud agresiva. Pero el caso iba a adquirir un giro extraño con la publicación de los antecedentes sentimentales de Amber Heard. 

En 2009, fue detenida por agresión a su pareja de entonces, Tasya Van Ree. El episodio, además, no pudo suceder en un lugar más concurrido; el aeropuerto de Seattle. Una discusión desencadenó que Amber agarrara violentamente del brazo a su novia y le propinara un puñetazo. Es evidente que este hecho no invalida, per se, la acusación que pesa sobre Depp, pero a las declaraciones sostenidas por Lily-Rose se sumaron pronto la de los guardias de seguridad Jerry Judge y Sean Bett, que han sido testigos de la convivencia entre ambos desde antes de que se casaran. Los dos coinciden en que era Amber Heard quien solía ser violenta, llegando a lanzar botellas al actor y guitarrista, y que, frecuentemente, tenían que intervenir para separarla de Depp. 

Pero aún más clarificador resulta las declaraciones de los agentes de policía que acudieron al domicilio luego de la discusión que desencadenaría la denuncia de la también actriz Amber Heard, en las que afirmaban que no habían visto en el rostro de Heard las señales de golpes que posteriormente exhibió en las polémicas fotografías. 

Sea como fuere, será la justicia quien debe dictaminar cuál de los litigantes tiene la razón, pero el acto reflejo de aceptar la palabra de la denunciante cuando de violencia doméstica se trata como si fuera las Tablas de la Ley es revelador. Porque una mujer no puede mentir.






lunes, 6 de junio de 2016

El crepúsculo del feminismo radical



Shulamith Firestone


Hablé en una ocasión de Shulamith Firestone, célebre feminista de la segunda ola y adelantada del feminismo radical. Con su obra La dialéctica del sexo, publicada en 1970, el socialismo, que tímidamente había golpeado a las puertas del feminismo con autores anteriores, derribaba la puerta y secuestraba –hasta el día de hoy- los movimientos feministas preponderantes. Junto a Kate Millet, la joven activista canadiense radicalizó el feminismo y lo convirtió en campo abonado para la proliferación de toda suerte de personajes fanatizados hasta el día de hoy. Firestone abominaba de la familia, a la que acusaba de “tiranía biológica”, y eso incluyó aborrecer de la suya propia, una sencilla y tradicional familia judía. Muy joven, rompió todo lazo con ella e hizo de su familia aquellas feministas que, obnubiladas por su carisma, y la pasión de su activismo, la seguían y elevaban a Maitreya del feminismo en la creciente e imparable rama radical. Pero a Shulamith Firestone le unía algo más que el feminismo radical con su compañera Kate Millet; las dos eran víctimas de sí mismas, eran esquizofrénicas.

Ninguna de aquellos millares de feministas que seguían a Shulamith Firestone en los años 70, ninguna de las llamadas Redstocking –mujeres que se dedicaron a difundir las enseñanzas de Firestone-, ninguna de quienes jaleaban enardecidas, con el puño en alto, en las concentraciones feministas estuvo a su lado cuando los años pasaron, y los días soleados se convirtieron en grises crepúsculos. 

En 2012, el propietario del edificio en el que la anciana Shulamith Firestone vivía, encontró su cadáver en un pequeño apartamento tan caótico como la confusa mente de su inquilina. Con sesenta y siete años, pero muchos más en apariencia, Firestone era una anciana presa de la más absoluta de las soledades. Bien es cierto que, durante un tiempo, un grupo de feministas la visitaron con cierta frecuencia, y le hacían la compra, las tareas domésticas y le ayudaban a tomar la medicación contra la esquizofrenia. Pero aún estas últimas fueron abandonándole paulatinamente, y Shulamith Firestone, una de las más importantes líderes del feminismo en los 70, cayó en el más absoluto e implacable de los olvidos. 

El alimento de la radicalidad es el odio, y cuando el odio es la argamasa que une a un grupo de personas, virtudes como la solidaridad –tan ajena a él-, brillan en la más absoluta ausencia. El cuerpo de Firestone tuvo una sepultura a la manera judía, y sólo dos personas se despidieron de Shulamith; sus hermanos, aquellos de los que ella se alejó voluntariamente tantos años atrás.